¿Supone el rechazo de Islandia a la intimidación financiera un modelo para Grecia e Irlanda?

El mes pasado Islandia votó en contra de someterse a las demandas británicas y holandesas de compensar a sus instituciones aseguradoras por haber rescatado a sus depositantes «Icesave» en ese país. Ésta fue la segunda votación en contra de dicha compensación (en una proporción de 3 a 2), al tiempo que el apoyo de Islandia a la adhesión a la zona euro ha caído al 30%. La sensación es que la política europea se desarrolla a favor de los banqueros y no de la democracia social que Islandia imaginaba que guiaba la filosofía de la Unión, como de hecho lo fue cuando la Comunidad Económica Europea (Mercado Común) se formó en 1957.

Al permitir que Gran Bretaña y los Países Bajos puedan boicotear a Islandia para que pague por los errores de Gordon Brown y sus colegas holandeses, Europa ha condicionado la entrada a Europa de ese país mediante la imposición de austeridad financiera y empobrecimiento de su población (todos han de pagar el dinero que legalmente no deben). El problema será encontrar un tribunal honesto dispuesto a hacer cumplir las leyes bancarias europeas y trasladar la responsabilidad a quien legalmente corresponda.

La razón por la cual la UE ha luchado tan duramente para hacer que el gobierno de Islandia asuma la responsabilidad por las deudas «Icesave» es lo que los acreedores llaman «contagio.» Irlanda y Grecia se enfrentan a deudas más grandes. La «troika» crediticia formada por el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea y el FMI consideran que el saneamiento de la deuda y la tributación progresiva para proteger sus economías nacionales son una enfermedad contagiosa.

Al igual que Grecia, Irlanda pidió la reducción de su deuda para que el gobierno no se viera obligado a aplicar recortes drásticos de gasto de cara a la profundización de la recesión. «La prensa irlandesa informó de que funcionarios de la UE se ‘enfurecieron’ cuando los negociadores irlandeses sugirieron un reparto más amplio del lastre de deuda. El Banco Central Europeo teme que cualquier acción de ese tipo pueda contagiar de manera instantánea a los países del sur de Europa a través de los mercados», escribió un periodista, advirtiendo del costo de tomar deuda pública tóxica en el balance nacional que amenazó con la bancarrota de la economía [1]. Europa (es decir, bancos alemanes y holandeses) se negaron a que el gobierno recortara las deudas que había adquirido (excepto para los depositantes más pequeños y menos influyentes políticamente). «Los comentarios se produjeron al mismo tiempo que las autoridades de la UE descartaran descuentos de deuda en Irlanda, condicionando así la entrega de 85.000 millones de euros en préstamos. Dublín ha impuesto descuentos del 80% de la deuda más reciente al Banco Anglo Irlandés; pero no ha extendido esta medida a la deuda antigua, vista como sacrosanta».

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«Desde el punto de vista europeo (o por lo menos desde el de sus banqueros), está en juego un principio fundamental: los gobiernos deben dirigir sus economías a favor de los bancos y los tenedores de bonos del tesoro.»

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Desde el punto de vista europeo (o por lo menos desde el de sus banqueros), está en juego un un principio fundamental: los gobiernos deben dirigir sus economías a favor de los bancos y los tenedores de bonos del tesoro. Se debe rescatar al menos a los prestamistas principales de los bancos que caigan (es decir, los grandes inversores institucionales y a los especuladores) y pagar estas deudas y las deudas públicas mediante la venta de empresas y pasar la carga fiscal a los trabajadores. Para equilibrar los presupuestos han de recortar sus programas de gasto, disminuir el empleo público y los salarios y cobrar más por los servicios públicos como la atención médica y la educación.

Este programa de austeridad («rescate financiero») ha llegado a su clímax tan sólo un año después de que a Grecia se se le adelantaran 155.000 millones de dólares del paquete de rescate de mayo de 2010. Enfadados por la lentitud de la nación para ajustar su economía, el BCE ha solicitado a Grecia que inicie privatizaciones de hasta 70.000 millones de dólares antes de 2015. Las privatizaciones han de estar encabezadas por los bienes inmuebles turísticos de mayor valor, el monopolio del gobierno sobre las loterías del estado (OPAP), la caja Postbank, los puertos de Atenas y Salónica, las empresas de agua y saneamientos y el monopolio telefónico. Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo y presidente del grupo de la zona euro de ministros de Finanzas, advirtió que si Grecia accedía a iniciar la venta de esos activos (denominando el hecho como «la consolidación de su presupuesto») la UE extendería los vencimientos de los préstamos de la deuda griega y «rescatar» el país de la quiebra. [2]

El problema es que las privatizaciones y los impuestos elevan el costo de vida y el de emprender negocios. Esto hace que las economías sean menos competitivas y, por lo tanto, aún menos capaces de pagar las deudas que devengan intereses, lo que al final lleva hacia una quiebra mayor.

Esta solución «de libro de texto» de convertir la economía en un conjunto de casetas de venta es depredadora. La planificación de austeridad del FMI ha demostrado sus consecuencias destructivas en los países del Tercer Mundo desde el decenio de 1970. Europa repetirá ahora la misma contradicción.

El poder financiero intenta lograr lo que el poder militar hubiera conquistado en tiempos pasados. Bajo la pretensión de hacer economías más «competitivas», el objetivo es en realidad más cortoplacista: exprimir los pagos suficientes para que los tenedores de bonos (y, de hecho, los votantes) no se den cuenta de la realidad que demuestra que muchas deudas son impagables, excepto asumiendo mayores deudas, más impuestos y más privatizaciones de infraestructuras en aras de la competitividad. Los recortes de gasto y un cambio hacia impuestos regresivos agotan la inversión de capital y la productividad a largo plazo. Estas economías son administradas como empresas en concurso de acreedores que reducen y externalizan su plantilla con el fin de exprimir ingresos suficientes para pagar a los acreedores (que a su vez toman lo que pueden y echan a correr). Las tácticas de ataque ya no son como el uso abierto de la fuerza militar de antaño, sino tácticas de ataque financiero menos costosas debido a que la víctima se entrega de forma voluntaria.

Pero las víctimas de los depredadores financieros se están defendiendo. Y en lugar de que el atacante pierda a su ejército, es su balance financiero el que está amenazado y, por lo tanto, sus propias redes de solvencia. Cuando los sindicatos griegos (especialmente en las empresas públicas en proceso de privatización), el Partido Socialista y los principales partidos minoritarios rechazaron tales sacrificios, los funcionarios de la zona euro exigieron que la planificación financiera se colocara por encima de los partidos políticos, así como «un acuerdo entre los partidos para cualquier extensión del rescate». Es decir, Grecia debe responder a su ola de huelgas y protestas populares por la suspensión de la política entre partidos y de la democracia económica. «El gobierno y la oposición deben declarar conjuntamente que se comprometen a la reforma de los acuerdos con la UE», explicó Juncker a Der Spiegel.

Criticando al primer ministro George Papandreou por su demora para emprender la venta de activos del estado, los líderes financieros europeos propusieron una agencia nacional de privatización para actuar como intermediario en la transferencia de los ingresos procedentes de estos activos a los acreedores extranjeros (y comprometer activos públicos como garantía en caso de incumplimiento de los pagos a los tenedores de bonos del estado). Al sugerir que el gobierno griego «cree una agencia de privatización de activos estatales» en la línea de la Treuhandanstalt alemán que vendió las empresas de Alemania Oriental en la década de 1990″, el Juncker pensó que «Grecia podría ganar más con las privatizaciones que con los 50.000 millones de euros (71.000 millones dólares). «[3]

Los banqueros europeos tenían los ojos puestos en la venta de hasta 400.000 millones de dólares de activos griegos (lo suficiente para pagar toda la deuda del gobierno). En caso de impago, el BCE amenazó con no aceptar los bonos del gobierno griego como garantía. Esto evitaría que los bancos griegos pudieran financiarase, destruyendo así su sistema financiero y la paralización de la economía. Esta amenaza se suponía que debía hacer de la privatización una decisión «democráticamente» aprobada, seguida de la disolución del poder sindical y la reducción de los salarios («devaluación interna»). «Jan Kees de Jager, ministro de Finanzas holandés, ha propuesto que los futuros préstamos a Grecia se realicen con acuerdos de garantía, en los que los prestamistas europeos se harían cargo de los activos del estado griego en caso de incumplimiento.» [4]

El problema es que la quiebra es inevitable dada la crítica situación de deuda de los gobiernos que han liberalizado imprudentemente los bancos, reducido los impuestos de propiedad y los impuestos progresivos sobre la renta. La quiebra se producirá cuando el BCE desee tirar del enchufe.

El BCE hace que los gobiernos no puedan financiar sus gastos a través de sus propios bancos centrales.

La introducción del euro en 1999 prohíbe expresamente al BCE y a los bancos centrales nacionales financiar los déficits públicos de los estados. Esto significa que ningún país tiene un banco central capaz de monetizar el crédito a través de los bancos nacionales, función para la que fueron creada los bancos centrales de Gran Bretaña y Estados Unidos. El sector público se ha hecho dependiente de los bancos comerciales y tenedores de bonos. Ésta es una época de bonanza para ellos, retrocediendo económica e industrialmente tres siglos de intentos de crear una economía mixta, gracias a la privatización del monopolio de la creación de crédito, así como a la inversión de capital en los monopolios de infraestructura pública que ahora es empujada a las subastas para los compradores (a crédito, donde el ganador que es el que se compromete a pagar el mayor interés a los banqueros para absorber los cargos de acceso -«renta económica»- que se puedan extraer).

La política se financia mientras que las economías se privatizan. La estrategia financiera para eliminar la planificación económica de los representantes democráticamente elegidos, la centralización en manos de los gestores financieros. Lo que en la década de 1920 Benito Mussolini llamó «corporativismo» (para darle un nombre cortés) está siendo alcanzado por los grandes bancos de Europa y las instituciones financieras, irónicamente (pero supongo que inevitablemente), bajo el eufemismo de «economía de libre mercado».