Si usted considera que el casco histórico de La Laguna está más hermoso que nunca, con sus calles peatonalizadas y fachadas relucientes, mi objetivo es convencerle de lo contrario. Si opina que el casco ésta peor que nunca, es decir, entre otros argumentos, usted sostiene que la peatonalización es una cortina de humo detrás de la cual se nos oculta el grave deterioro del patrimonio histórico-artístico de la ciudad. Entonces, el presente artículo corrobora su opinión. Y si usted piensa que en el casco algunas cosas marchan bien y otras mal, me gustaría inclinar su opinión (muy a mi pesar) hacia el lado negativo.

Comencemos por la pregunta de rigor. ¿Por qué preocuparnos de preservar edificios antiguos? Por la misma razón que usted se preocupa por los huesos de sus familiares en el cementerio. Usted no sólo respeta sus huesos. Además una vez al año, por lo menos, usted o alguien de su familia acude a limpiar la tumba de sus antepasados y a ponerles flores.

Imagínese que un contratista quiere construir un nuevo bloque de nichos y demoler el viejo bloque donde están depositados los restos de un familiar suyo. El contratista alega que el nuevo bloque de nichos será más moderno. Pero usted se niega. Para convencerle, el contratista le explica que respetará la “fachada” del viejo bloque de nichos, restaurará la lápida del nicho de su familiar y, a cambio, demolerá todo lo que está por detrás. Evidentemente, la oferta del contratista a usted le parecería no sólo un disparate, sino un sacrilegio. ¿Qué sentido tiene preservar la fachada del viejo bloque de nichos y la lápida de su familiar, si por detrás no están sus restos?

Por último, imagínese que el ayuntamiento da la razón al contratista. Usted, otros familiares perjudicados y, a buen seguro, los ciudadanos montarían en cólera, alegando que con los huesos de los muertos no se especula.

Desgraciadamente, esta situación hipotética se parece mucho a la realidad cotidiana del casco histórico de La Laguna, con el añadido de ser un Bien Cultural Patrimonio de la Humanidad desde 1999.

Si no permitiríamos la especulación con los huesos de nuestros antepasados, ¿por qué la consentimos con sus casas?

Una nueva casa terrera en ruinas en 2010 (C/San Antonio, 12)

Con el beneplácito del ayuntamiento, en el casco de La Laguna se siguen demoliendo las casas humildes (es decir, los nichos de los pobres del cementerio), mientras que los monumentos célebres (es decir, los panteones de las familias ilustres) están protegidos por múltiples leyes. Además, el dinero de los contribuyentes se destina prioritariamente a restaurar dichos monumentos. Y a los niños en las escuelas y a los turistas y laguneros, mediante paneles informativos y visitas guiadas, se les “educa” para que sólo aprecien la historia y el valor de lo monumental.

Al final, es como si a usted el guía le pasease por la parte rica del cementerio, mientras que el contratista hace lo que le place con los huesos de los pobres. Por ejemplo, tirarlos a un barranco de la zona de El Codezal en Tegueste. En el mismo lugar donde el mes de septiembre se arrumbaron como escombros varios capiteles de las columnas de la Catedral. Si algo tan espeluznante ocurre con los restos de un monumento célebre como la Catedral, ¿a qué prácticas horripilantes serán sometidas las casas terreras y otras viviendas menos monumentales?

Como he defendido desde 1999, los laguneros viven en democracia entre ellos pero no con su patrimonio histórico. Como detallé en mi reportaje «La peste lagunera» y «La peste lagunera II» (El Día, 8 y 9 de diciembre de 2009), la trágica destrucción de las casas terreras es la prueba más palpable. Los laguneros son gobernados por instituciones democráticas. Pero esas instituciones protegen el patrimonio, incluso dentro de un casco histórico que es Patrimonio de (toda) la Humanidad, empleando criterios anti-democráticos y clasistas.

Los ciudadanos debemos velar por la preservación democrática de edificios antiguos (sobre todo los más humildes y representativos) porque son los huesos de nuestra memoria histórica. Si seguimos permitiendo su destrucción, en realidad, consentimos el desvalijamiento de nuestra propia identidad.

Por desgracia, 2010 ha sido otro año desastroso para el casco. Con el apoyo pleno del ayuntamiento, la política elitista de defensa del patrimonio lagunero prosigue. La lista de desastres de 2010 es larga, demasiado. Se demolió “La Oficina”, taberna literaria y patrimonio inmaterial, donde tertuliaron escritores como Verdugo, Nijota y Álvarez Cruz. Además, la demolición casi arrastró consigo parte de una casa aledaña del siglo XVIII. Sin ofrecerse alternativas reales, se demolió la sede de los juzgados en la Plaza del Adelantado, mientras que el futuro del mercado municipal pende de un hilo.

Se ha denunciado que la piedra de varios monumentos célebres se está deteriorando. El caso más notable es la casa San Martín en la calle Herradores; su fachada (lo único que queda) es una de las más antiguas no sólo de La Laguna sino de Canarias. Pero ni siquiera se ha instalado en la calle un panel informativo para explicarlo. También se ha denunciado que un 60 por cierto de los edificios catalogados como Bien de Interés Cultural (por ejemplo, el palacio de Nava y la iglesia de San Lázaro) carecen de dispositivos contra-incendios, a pesar de la catástrofe que quemó la sede del Obispado en 2006.

Sin embargo, en 2010 la peor parte se la llevó, otra vez, el patrimonio menos monumental. Nuevas casas terreras amenazan ruina, uniéndose a la lista de más de cincuenta. Por ejemplo, la casa ubicada en la calle Molinos de Agua número 20 y otra en la calle San Antonio número 12. La casa terrera del siglo XVIII número 5 de la calle Viana fue demolida ilegalmente; se dejó la fachada. Y de las dos casas terreras colindantes con el número 5 sólo sobreviven sus fachadas.

Quizás el caso más deleznable sea la completa destrucción (salvo la fachada) del inmueble en las esquinas de la calle Herradores y callejón de Maquila. Era una casa no monumental, pero con un valor único para la ciudad. ¿Por qué? Como es sabido, el casco lagunero se expande sobre una planicie. Pero las manzanas de casas comprendidas entre las calles Herradores, San Juan, Manuel de Ossuna y Maquila se encuentran entre las pocas viviendas del casco que no están edificadas sobre un plano, sino en desnivel. Al construir una casa en ese lugar, cada maestro de obra ofreció su propia solución al reto del desnivel. Así, la arquitectura vernácula de cada una de esas casas refleja en su interior la sabiduría y el arte del hombre ante los desafíos de la naturaleza.

Antes y después de la demolición del muro perimetral y de la vivienda en la esquina de Herradores y Maquila

La casa en la esquina de Herradores y Maquila tenía una manera hermosa de salvar el desnivel, poniendo en práctica dicha sabiduría y arte. Eso la convertía en una especie única. Y a pesar de pertenecer a un casco histórico protegido por la UNESCO como Patrimonio de toda la Humanidad, la casa y su muro perimetral fueron demolidos desde los cimientos; se salvó la fachada. Un verdadero sacrilegio contra los huesos de nuestro pasado.

Ante casos tan terribles que afectan a monumentos célebres y a viviendas más humildes, es difícil no cuestionar la voluntad real de protección del casco por parte de los políticos responsables y técnicos de patrimonio.

El ayuntamiento podría expropiar las viviendas ruinosas. Pero no lo hace. El ayuntamiento podría obligar a los dueños de casas abandonadas a que por lo menos cierren las ventanas y así no acelerar su ruina. Pero no lo hace. Hoy, en plena calle Carrera, dos casas por encima del Teatro Leal, hay un ejemplo diáfano de ventanas abiertas en una inmensa casa deshabitada, cuya ruina se desea.

Es un secreto a voces que ciudadanos concienciados creen que el ayuntamiento antepone los intereses privados a la preservación de un bien colectivo, que es (lo repito) Patrimonio de toda Humanidad y no de un partido político, ni de un cuerpo de técnicos.

¿Qué hacer?

Ni el ayuntamiento, ni la Concejalía de Patrimonio, ni, por supuesto, la directora del Plan Especial de Protección son los dueños del casco histórico. Dicho de otro modo, el casco pertenece a los ciudadanos de La Laguna. Por tanto, es cuestionable que sobre el ayuntamiento deba recaer la responsabilidad principal de gestionarlo. Desde 1496, el ayuntamiento ostenta la potestad de administrar materias urbanísticas. Pero dicha potestad legal es muy diferente, pero que muy diferente, a la de querer gobernar la memoria histórico-artística de la ciudad. Ese es un poder cuyo ejercicio compete a la sociedad civil, y no a una institución política.

Los ciudadanos tienen el derecho de exigir la creación de una comisión de patrimonio, cuyo control no recaiga exclusivamente sobre la corporación de turno. La preservación de un casco histórico de más de quinientos años de antigüedad no puede estar en manos de un ningún partido político por unos meros cuatro años. Dicha comisión la compondrían expertos, científicos, académicos, políticos, propietarios de inmuebles del casco y ciudadanos, encargados de estudiar caso por caso la conveniencia o no de autorizar la demolición parcial o total de viviendas del casco.

Y mientras se constituye esa comisión, ¿qué puede hacer un ciudadano que vea irregularidades en el casco? La actuación de Montserrat Ríos es un ejemplo a seguir. Ella ha denunciado por lo penal a las oficinas de Urbanismo y del Plan Especial de Patrimonio debido a múltiples irregularidades. Fue Montserrat quien alertó de la demolición ilegal de la casa terrera protegida del siglo XVIII, situada en la calle Viana número 5. Y encima, dañaron la casa, histórica y protegida, de Montserrat.

Ella confió en la buena voluntad de las instituciones locales. Pero éstas quieren encerrar a Montserrat en un lamentable laberinto burocrático. Pese a sus repetidas denuncias, el ayuntamiento no detuvo realmente la obra, ni siquiera cuando se descubrieron dos grandes bóvedas subterráneas de claro interés arqueológico. Los obreros las destruyeron en apenas dos horas.

Durante su lucha, Montserrat descubrió que una denuncia ante el SEPRONA es mucho más efectiva que ante las instituciones locales. En mayo pasado, el SEPRONA denunció al alcalde de Oia (Galicia) por un delito contra el patrimonio histórico. Además, un ciudadano afectado por una obra colindante puede tramitar un interdicto, lo que obliga a su paralización inmediata y cautelar.

En suma, la sociedad civil dispone de mecanismos legales y democráticos para denunciar actuaciones que contravienen los principios de la declaración de Patrimonio de la Humanidad.

Las instituciones se componen de personas que pueden equivocarse. Por tanto, un ciudadano tiene el legítimo derecho democrático de exigir a las instituciones que actúen y rectifiquen. Por ejemplo, el Obispado tomó la aplaudida decisión de recuperar los capiteles depositados como escombros en un solar de Tegueste y trasladarlos a un lugar seguro. Los mecanismos, pues, están al alcance de la sociedad civil y funcionan. Lo que hace falta es usarlos plenamente como Montserrat Ríos. Y, por supuesto, crear de inmediato una comisión de patrimonio independiente que apoyé a los ciudadanos y prevalezca sobre el ayuntamiento.

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