Álvaro Santana Acuña

Ni monarquía, ni república

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Tras la abdicación del rey Juan Carlos I, el debate que acapara la atención de los medios de comunicación, el pulso de las redes sociales y la conversación en la calle es si España debe seguir siendo una monarquía o convertirse en una república. Lo cierto es que estamos ante un debate viejo, muy viejo. En la memoria colectiva perdura la experiencia de 1931, tras la renuncia de Alfonso XIII a la Jefatura del Estado y la instauración de la Segunda República. Además, como nos recuerdan los libros de historia, un debate similar aparece y reaparece a lo largo del siglo XIX.

Pese a ser tan viejo, el debate sigue provocando la misma y estéril respuesta: monarquía o república. En realidad, como en el siglo XIX y en 1931, hoy, en 2014, la solución a problemas crónicos de España, como la desconfianza ciudadana hacia las instituciones políticas y los ciclos de precariedad económica, no pasa por rejuvenecer la monarquía con Felipe VI ni por instaurar la Tercera República. La solución real es otra: construir una sociedad civil fuerte, independiente del Estado.

Parte de una sociedad civil son las asociaciones de vecinos de su ciudad, el club de lectura de su barrio, los centros culturales de su municipio, las peñas deportivas de su comarca, el grupo de catequesis de su parroquia… En resumen, la sociedad civil incluye el conjunto de organizaciones no políticas que ayudan a canalizar los intereses de la ciudadanía y a su vez permiten la vigilancia cívica sobre el poder político. Cuanto mayor es el número y la diversidad de estas organizaciones y cuanto mayor es la implicación de la ciudadanía en ellas, mayor es la solidez de la sociedad civil de un país y menor es la existencia de corrupción política y social.

Una sociedad civil fuerte no es necesariamente sinónimo de espectaculares manifestaciones multitudinarias. Al contrario, la fortaleza de una sociedad civil se palpa en el día a día, mediante la participación ciudadana y el compromiso cívico con la comunidad. Es decir, no se trata de esperar a que el vecino de al lado o el político de turno se encargue de solucionar un problema (desde la papelera rota en su calle hasta los presupuestos generales del Estado). Se trata de organizarse colectivamente con efectividad, de modo que la ciudadanía tome la iniciativa y actúe como un poderoso agente de vigilancia del poder político.

Casi cuarenta años de democracia en España han permitido dar pasos importantes para fortalecer la vida cívica diaria. Pero distintos indicadores estudiados por los sociólogos Van Oorschot, Arts y Gelissen, como el civismo, la confianza y las redes de sociabilidad, colocan a la sociedad civil española en una posición comparable a la de Portugal y Grecia, por encima de muchos países de la antigua Europa del Este, pero por debajo de la mayoría de los países del norte europeo.

La realidad es que la sociedad civil española aún viaja en un coche conducido por el poder político, cuando en realidad deberían ir cada uno en su propio coche y, la mayor parte del viaje, circular por carriles distintos. Que compartan el mismo coche se traduce en que, en el día a día, numerosas organizaciones locales, regionales y nacionales dependen para sobrevivir de subvenciones políticas, lo cual puede terminar limitando su libertad para aglutinar y expresar los intereses de la ciudadanía cuando son contrarios a los del poder político. Al ver limitado su margen de acción, el crecimiento general de la sociedad civil se ralentiza.

Aunque hay diferencias regionales, en 2014 la sociedad civil española en su conjunto sigue siendo frágil porque está subvencionada por la política. La crisis actual es un ejemplo claro. Países con sociedades civiles más fuertes (como Estados Unidos, Alemania y Francia) han afrontado mejor la crisis, porque no sólo es una crisis económica sino también social. Según el informe de 2014 sobre la crisis y sus secuelas elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la corrupción aumentó hasta un 20 por ciento entre 2007 y 2012 en Portugal, Grecia, Estonia, Irlanda y España; países con la mayor caída del PIB (entre un 4 y un 10 por ciento). Por el contrario, pese a una caída del PIB (entre el 2 y el 4 por ciento), la corrupción se redujo hasta un 10 por ciento en Alemania, Francia, Reino Unido y Suecia.

Además de reducir la corrupción, un país con organizaciones cívicas más autónomas y mejor organizadas es capaz de recuperarse más rápido de una crisis. Sin embargo, en España, las principales y, en muchos pueblos y regiones, las únicas instituciones sociales disponibles para sortear la crisis son la familia y asociaciones religiosas como Cáritas.

De ahí que el debate sobre si España necesita una monarquía o una república además de ser banal no va a la raíz del problema. Tras suprimir la monarquía, Grecia es una república parlamentaria, pero sigue arrastrando los problemas crónicos de un país con una débil sociedad civil. Por el contrario, tanto en el Reino Unido, con una monarquía parlamentaria, como en Francia, con una república bicéfala, existe una sociedad civil sólida y autónoma respecto al poder político.

En España, el debate no puede centrarse en el dilema vacío de monarquía o república. La pregunta que guíe el debate debe ser, ¿qué sistema político permitiría avanzar con firmeza hacia una sociedad civil más fuerte, dotada de un gobierno transparente y una economía diversificada? No debemos seguir confundiendo los medios con el fin.

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