(foto: José Pedro Martínez – haz clic para agrandar)

Los barrios de Tijuana crecen en zonas sin urbanizar, con casas en barrancos, junto a las vías del tren, bajo torres eléctricas o en cauces de canales y ríos. Sin agua, luz ni drenaje, fabricadas con cualquier tipo de materiales de desecho y de forma ilegal, las familias intentan abastecerse por medio de la picardía. Décadas de expansión urbanística han dejado al término municipal sin terreno libre donde construir. Parece que la mancha urbana deja de extenderse, aunque se estima que alrededor de 70,000 personas se asientan cada año en la zona este procedente de otros Estados del país. Sin embargo, las construcciones levantadas en lugares peligrosos se encuentran en cualquier rincón de la ciudad.­­­

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Ovillos de cables salen de las farolas y se enredan en los improvisados postes de las viviendas, empalmes pelados con el cobre desnudo sobre la tierra, en medio de la calle, y enganches caseros a torres de alta tensión. “A veces mueren niños al pisarlos, incluso caballos”. Actuar de “diablito” es la única forma de obtener luz eléctrica para muchas de las familias de la zona este de Tijuana. Aquí se concentra la mayor densidad de población de la ciudad, aproximadamente medio millón de personas, y sigue llegando gente. Enjambres de casas trepan los característicos cerros de la ciudad, sin saber bien dónde empieza y dónde acaba cada colonia. Detrás de todo hay dos realidades distintas que aquí convergen: la migración y la ocupación. Es imposible calcular con exactitud la población flotante y la cantidad de emigrantes que terminan por quedarse (los datos oficiales de 2010 sitúan en un 47,7% la población residente en la ciudad nacida en otra entidad), y la única solución al problema habitacional para los recién llegados es construir su propia casa invadiendo un terreno ajeno.

La señora Castro lleva 14 años viviendo en la colonia Terrazas, en el extremo oriental de la ciudad. Empezó a construir su casa en un terreno baldío en el que en principio no encontró rastro del dueño. Poco a poco fue mejorando los materiales, la estructura y dotándola de servicios. Pero después de tantos años, y ya legalizada su situación con la adquisición de su parcela a través del Instituto Nacional para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda, se queja de las deficiencias que su casa y el barrio tiene. “Aunque algunos ya hayamos pagado a INDIVI por nuestra casa, no tenemos pavimentación, agua ni otros servicios como recogida de basuras. Ni siquiera pagando el contrato de luz eléctrica la recibimos”. El problema se debe a la cantidad y variedad de viviendas levantadas ilegalmente sobre los terrenos ocupados. Para que el gobierno pavimente las calles, previamente debe construir el sistema de drenaje para las casas, y la mayoría no figuran en ningún registro o están en procesos judiciales con los dueños del terreno. En el caso de Terrazas, existe un pleito desde hace más de diez años entre propietarios de las tierras y el Ejido colindante, que reclama la titularidad de éstas. “Saben que el problema no se va a resolver en muchos años y por eso la gente llega y monta sus casas donde quieren. Ves de todo, desde pequeñas viviendas de lámina y madera que se caen cuando llueve, hasta viviendas de tres alturas levantadas con cimientos de concreto, loseta y buenos materiales. Incluso hay iglesias de nueva construcción”. A través de un juicio de prescripción se puede otorgar la titularidad de un terreno a quien ha estado viviendo por más de cinco años en él, aunque se debe justificar estrictamente.

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En algunas colonias es difícil definir los límites de los terrenos en propiedad; en algunos se asientan menos de diez familias y en otros se han construido más de cien casas. Castro achaca el caos a la cantidad de gente que se ha llegado durante los últimos años y a que han construido sus casas sin tener en cuenta donde lo hacían. “Cuando nosotros llegamos casi no había gente. INDIVI dice que a los únicos que debemos respetar es a los meros dueños, porque el gobierno ya arregló con ellos la compra de algunos terrenos como en los que estamos nosotros. Otros aun están en disputa, no se sabe qué se hará de ellos. Algunas familias que ocupaban un terreno han sido desalojados por el dueño. Alguien llega, ve un terreno baldío y ahí se planta. Si tienen suerte no los sacan, pero si aparece el dueño, aunque el terreno lleve abandonado años, llega y los corre”. Gerardo Cortés, delegado general del INDIVI en Tijuana, habla del problema al que se enfrenta la justicia para otorgar la titularidad de estos terrenos. “Tenemos conflictos importantes en colonias como Terrazas, El Refugio o Lomas del Valle, donde se da el caso de que habitantes de terrenos previamente ocupados se encuentran con que el Ejido colindante reclama la titularidad del mismo. Tanto el supuesto dueño del terreno (en este caso, Rojo Gómez) como los ejidatarios, aportan documentos de titularidad, firmados unos en la época de Benito Juárez y otros en la de Pancho Villa. Es un problema para los habitantes que reclaman la urbanización de la colonia y la instalación de servicios de agua, drenaje, luz y pavimento, que solo pueden esperar al fallo del Tribunal Agrario que se ocupa del litigio”.

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Para Cortés hay un problema de base. “Se está acabando la tierra donde poder edificar en Tijuana”. El organismo gubernamental no tiene reserva de lotes como tal, aunque si dispone de algunos en colonias alejadas. Los pocos que quedan son propiedad del Gobierno Federal o de los ejidos; “desde aquí sólo podemos regularizar terrenos en colonias populares, las más alejadas del centro urbano”. Los terrenos que INDIVI compra a particulares son vendidos a familias de escasos recursos por cuotas de entre 800 y 1300 pesos mensuales en plazos de unos diez años. En esta linea, el director del Instituto Metropolitano de Planeación del municipio (IMPLAN), el Arq. Daniel Rubio, explica que “en el programa de Desarrollo Urbano vigente se promueve una política de densificación, de recargar un poco más la estructura urbana vigente. Sin embargo, la tendencia de crecimiento que se presenta no se puede detener en seco; deben resolverse las problemáticas que existentes, pero del mismo modo orientar el crecimiento hacia la economización del espacio, la infraestructura y los recursos disponibles. Intentamos además, que la gente que vive en otras zonas sin urbanizar y que carecen de servicios básicos como recogida de basuras, transporte o seguridad, se traslade a las colonias urbanizadas de la ciudad”. En Tijuana hay actualmente 111,482 viviendas deshabitadas.

Desastres naturales y maquiladoras

Tijuana viene experimentando etapas de crecimiento muy desiguales. Gran parte de las colonias que ahora tapizan las colinas de la ciudad se originaron de forma irregular, aunque no todas ilegalmente. Algunas fueron producto de invasiones de predios, otras a procesos de ocupación del territorio por compras a particulares en zonas campestres y otras por operaciones especulativas de pequeños y medianos constructores. Todo este fenómeno fue controlable hasta principios de los 80, cuando el desarrollo económico de la industria maquiladora iba asociada a la necesidad de mano de obra. Por eso se encuentran numerosas construcciones en barrancos o terrenos baldíos en colonias más céntricas, próximas a parques industriales y fábricas.

Aunque no todo el crecimiento demográfico se justifica con el crecimiento de esta industria, hay que entender que tiene asociada otras actividades económicas que de forma directa o indirecta, producen otros puestos de trabajo y por ende, trabajadores que demandan una vivienda. Así se han desarrollado de forma incontrolada numerosos asentamientos que siguen creciendo con la llegada de emigrantes. Tijuana ha dejado de ser una ciudad de paso para convertirse en destino debido al control fronterizo y a las políticas migratorias al otro lado de la frontera.

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Actualmente, más de medio millón de personas viven en el este de la ciudad. Una zona que se ha extendido aceleradamente en poco más de 15 años. Aquí se encuentra La Presa, la delegación más poblada de la ciudad, en la que vive el 24,6% de la población censada. En ésta y otras del extremo oriente tijuanense se han reubicado a familias desalojadas de otros predios de la ciudad. La colonia El Niño, con una de las densidades poblacionales más altas, se creó en 1997 a partir del traslado a esta zona de las familias que ocupaban terrenos colindantes al arroyo Alamar y que sufrieron los efectos de las inundaciones derivadas del fenómeno meteorológico que dio el nombre a la colonia. En principio fueron unas 400 personas, pero el barrio, siguiendo la tendencia de la zona, ha seguido recibiendo migración. Paralelamente, cada año nuevas familias vuelven a poblar las orillas del arroyo (en 2012 fueron trasladadas unas 750). Se calcula que en los últimos 15 años se han re-ubicado más de 5,000 familias en distintas colonias de la zona este. Y mientras la ciudad se queda sin terreno donde construir ordenada y legalmente, las familias emigrantes continúan recargando progresivamente los barrios de la periferia, llenando de casas ilegales hasta el último rincón de estas colonias de tercera. Y de la misma forma, con viviendas construidas con todo tipo de materiales y sobre cualquier superficie, también sin luz, agua ni drenaje, siguen siendo invadidos predios céntricos, cañones y barrancos, vías del tren y cauces de arroyos. Para Gerardo Cortés, “el verdadero problema aparecerá cuando llegue una época de fuertes lluvias. Ahora tenemos años sin grandes tormentas, pero no será asi siempre. Ya se han derrumbado muchas viviendas con anterioridad, y muchas colonias corren riesgo de inundarse. Los diablitos están en riesgo de cortocircuito e incendio”.

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