El caso del Departamento de Salud y Servicios Humanos vs. Florida es uno de los más importantes que haya llegado a la Corte Suprema de Estados Unidos. Si el gobierno gana, a usted le podrían obligar a hacer cualquier cosa. No exagero.

No hemos tenido una verdadera constitución desde que Franklin D. Roosevelt amenazara a la Corte para poder aprobar su New Deal. La Corte cedió y el famoso «más vale prevenir que curar» (West Coast Hotel Co. v Parrish, 1937) le permitió hacer cualquier interpretación que quisiera con el objeto de sacar adelante la política social de un gobierno. A mí me enseñaron, en los cursos de Derecho Constitucional de la facultad, que este maravilloso documento era en realidad una «constitución viva» y que no estábamos atados al dictado de un grupo de idealistas del siglo XVIII cuyas ideas eran contrarias a la intervención del gobierno. Lo importante, me enseñaron, era avanzar políticas sociales en beneficio de las personas.

Si la Constitución es un documento vivo, por lo que puede ser interpretado para favorecer el poder del gobierno en directa contradicción con su intención original, entonces el documento en sí carece de sentido. Así, la consitución puede significar lo que la Corte y la Administración quieran que signifique. Por supuesto, este poder de interpretación es limitado, pero una larga lista de casos judiciales desde 1937 han erosionado las limitaciones constitucionales de los poderes ejecutivos y legislativos. «Muerte por heridas múltiples» sería una forma de describir el proceso mediante el cual los magistrados buscan precedentes que les permitan justificar la política que deseen avanzar.

Si usted cree que el gobierno es, sobre todo, un poder para llevar a cabo el bien, entonces usted estaría dispuesto a sacrificar sus libertades a cambio de los servicios que el gobierno le ofrece; por lo general sin coste para usted. Luego, obtener beneficios del gobierno justifica la pérdida de la libertad. Esa pérdida de libertad es precisamente lo que está en juego en este caso en manos de la Corte Suprema de Justicia.

He criticado el «Obamacare» en otros artículos, así que no es necesario que reitere nuevamente mis argumentos al respecto. Sobre todo, he basado mis argumentos en términos económicos. Es decir, la forma en que el programa del presidente se basa en falacias económicas sobre la naturaleza de la prestación de un servicio que el público desea de la manera más eficiente. Sin embargo, el caso que hoy les presento no es realmente acerca de eso, sino de su contexto. La cuestión de fodo es poder.

¿Puede el gobierno obligarle a comprar algo? Esa es la cuestión. ¿Permite la constitución que el gobierno pueda hacerlo?

Este caso es importante por dos motivos. En primer lugar, permitiría al gobierno que, en última instancia, «gestionara» un sector importante de la economía (que acapara entre un 16% y un17%). Eso crearía un programa social del que nunca nos podríamos librar hasta su quiebra. Lo anterior, si observamos la teoría y la evidencia empírica de otros países con algún tipo de sistema nacional de salud.

En segundo lugar, de ganar el caso, el gobierno tendría prácticamente poder ilimitado. Piense en esto, lea los alegatos del caso y ponga perspectiva al asunto. Estos alegatos, que a continuación le comparto, son en relación al poder del gobierno para regular el comercio interestatal. ¿Participa usted en el comercio interestatal por el hecho de necesitar atención médica? Son los medios por los que el gobierno intenta obligarle adquirir un seguro de salud.

Espero que la preocupación del magistrado Kennedy sea sincera (líneas 18-23), pues es una cuestión de calado.

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Publicado y traducido con autorización de Jeff Harding.
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