En Europa y en Estados Unidos, la política ha tomado un lugar protagónico en el debate para enfrentar la crisis económica. En el caso estadounidense, las condiciones profundamente estructurales de la presente situación hacen que cualquier propuesta real de solución implique potencialmente enormes cambios en políticas sociales, en la definición de prioridades. Mucho se habla sobre la creciente diferencia entre quienes tienen y quienes no, ricos y pobres, el famoso 99% de Obama versus el 1%; pero se discute demasiado poco sobre la lógica de estar comprometiendo colosales recursos para mantener las promesas hechas a quienes se están retirando, aun a costa de quitarle dinero a las generaciones jóvenes, que se espera pagarán más impuestos, y recibirán cada vez menos. Las nuevas generaciones, por definición, tendrían que dar más de lo que reciben pues están teniendo que cubrir la cuenta que sus padres les están dejando sin pagar, sufren de sistemas de educación pública deficientes, cuentan con menos herramientas para competir, y reciben menos recursos para salir adelante. El valor político del viejo, sin embargo, no es el mismo que el del joven.

El primero vota, vota siempre, mientras que la apatía del joven es correspondida con la indiferencia de la clase política.

Los políticos estadounidenses parecen hoy alarmados por la potencial caída en el nivel de vida del pueblo y, fruto de su enorme irresponsabilidad o de su limitada capacidad, proponen culpables. Pero ni siquiera advierten la caída de los últimos treinta años, sino que tratan la crisis actual como si fuese producto de lo reciente.

Los republicanos culpan a la administración de Obama, los demócratas a la de Bush; ambos tienen su dosis de culpa por no haber tratado de cambiar el curso del barco, pero éste salió hace mucho del puerto. En el debate actual, los más conservadores explican que el deterioro proviene del creciente y entrometido gobierno, de los sindicatos y del «estado benefactor»; los liberales culpan a las empresas, a los ricos y a los bancos. Pero ni unos ni otros aceptan lo irrefutable. Primero, que el ingreso de las familias estadounidenses ha estado en plena caída desde la década de los setenta, una vez que los beneficios de la enorme expansión demográfica (conocida como «baby boom») posterior a la Segunda Guerra Mundial comenzaron a agotarse. En la década de los setenta se compensó la caída con la incorporación de mujeres a la fuerza laboral, generando un segundo ingreso en sus familias; a partir de los ochenta, la compensación se dio con deuda que se habría de duplicar, como proporción del PIB en los siguientes treinta años. Segundo, que Estados Unidos ha perdido la enorme delantera que le llevaba al resto del mundo. Ésta se debía a una política abierta para quedarse con los inmigrantes emprendedores que venían a estudiar a sus excelentes universidades, se lograba al tener el nivel de graduados universitarios más alto del mundo, y por tener el mercado laboral más flexible. Gracias al once de septiembre, Estados Unidos se ha aislado, ha perdido la brújula, y el debate político se ha polarizado en forma alarmante.

El gobierno estadounidense enfrenta la enorme disyuntiva de pagar por el pasado o invertir en el futuro. Como en el caso europeo, los estadounidenses establecieron una edad de retiro a los 65 años cuando la esperanza de vida era de 63, hoy es 15 años mayor, y seguirá aumentando. A diferencia de los europeos, tienen un sistema de salud extraordinariamente sesgado a favor de aseguradoras, farmacéuticas y abogados litigantes que les lleva a pagar el doble que países como Francia o el Reino Unido por un sistema claramente inferior para quienes dependen de la provisión básica de servicios médicos. Y lejos de reformar la estructura de costos del sistema de salud, la administración del presidente Obama decidió dejar ésta intacta y simplemente incorporar a más de 30 millones de usuarios al sistema más caro del mundo, acelerando su potencial colapso.

Los políticos estadounidenses se han metido en una camisa de fuerza en la que además de «entitlements» (los compromisos contraídos por los sistemas de Medicare, Medicaid, las pensiones del seguro social y los acuerdos con veteranos de guerra), enormes porciones del presupuesto van a parar a gasto militar y a intereses sobre una deuda que asciende a alrededor de 14 millones de millones de dólares. El primer grupo de gastos crecerá conforme envejezca la población, el tercero crecerá cuando se normalicen las tasas de interés, y el segundo se ha vuelto intocable después del once de septiembre pues ningún político demócrata o republicano con aspiraciones presidenciales se atreverá a meterse con los grupos de poder beneficiados por el gasto militar, quienes han logrado que la opinión pública cuestione la hombría y el patriotismo de quien ose estar a favor de reducir ese «complejo industrial militar» del que tanto previno Eisenhower al dejar la presidencia, y que hoy se ha apoderado del gobierno por medio de eficiente y colosal cabildeo.

Pensar en resolver la situación fiscal sin cambiar radicalmente el sistema de «entitlements» o el gasto militar, será imposible pues junto con los intereses sobre la deuda componen entre 80% y 85% del gasto total. Así que todos los absurdos pleitos entre republicanos y demócratas se dan para afectar esas pequeñas rebanadas de gasto discrecional.

Por ello, 2012 será un año perdido en términos de potenciales medidas reales para enfrentar a la crisis, lo único que habrá son paliativos. En un país que tiene un déficit fiscal de 10% del PIB, resulta también absurdo pensar que la brecha puede cerrarse sólo reduciendo el gasto o aumentando impuestos; se requerirá de una combinación de ambas cosas. Proponer, como lo hace el Sr. Obama, que sea el 1% más rico de la población quien cierre la brecha, es el epítome de la irresponsabilidad. Esa población recibe, sí, 20% del ingreso nacional, pero ya paga 40% del total del impuesto sobre la renta a nivel federal. La recaudación de impuestos tiene que aumentar, pero sería absurdo hacerlo incrementando las tasas marginales. Tristemente, la comisión bipartidista Simpson-Bowles nombrada por el propio presidente Obama a principios de año propuso inteligentes y sensatas soluciones, entre otras cosas, quitar deducciones de todo tipo y bajar tasas de impuestos tanto para individuos como para corporaciones. El Sr. Obama ni siquiera introdujo estas medidas al Congreso para su discusión. La sensatez sucumbió ante el deseo de polarizar al electorado, creando un ambiente más propicio para su reelección.

El año crucial será 2013 y todo mundo lo sabe. Obama reelecto o un nuevo presidente republicano no podrán posponer la monumental discusión. Si gana Obama, propondrá fuertes incrementos en impuestos de todo tipo tanto para individuos como para empresas.

Una nueva administración demócrata buscará a toda costa proteger los empleos de trabajadores estatales tanto a nivel federal como a nivel estatal y municipal. Los sindicatos de trabajadores públicos fueron el principal donante a las campañas electorales en la contienda legislativa del año pasado, donando abrumadoramente al partido demócrata.

Un gobierno demócrata hará todo lo posible porque la estructura de los programas de «entitlements» permanezcan intactos y buscará garantizar suficiente flujo para éstos con mucho mayor recaudación. Por la parte del gasto, su única alternativa será tratar de reducir el gasto militar aprovechando la inercia proveniente de la reciente salida de Irak para cambiar la narrativa.

Una administración republicana (pensando en Mitt Romney como el candidato más probable) buscaría reformar los sistemas de «entitlements» para reducir su costo en el futuro, quizá propondrían reducir los beneficios para aquellos segmentos de la sociedad que no dependen de recibirlos (los más ricos), pero reduciendo también el pago de seguros de desempleo y otras subsidios que consideran han restado flexibilidad al mercado laboral estadounidense. Considerando que Romney es el candidato más de «centro» de entre quienes se mantienen en la contienda primaria republicana, creo que sería probable verlo adoptar medidas como las propuestas por Bowles-Simpson. Seguramente, también buscaría incrementar la recaudación, pero probablemente por medio de un impuesto nacional al valor agregado (al consumo), reduciendo tasas de impuestos al ingreso. Pero una administración republicana probablemente recibiría más presión para mantener o incluso aumentar los estratosféricos niveles de gasto militar (Estados Unidos gasta más que el resto del mundo sumado), particularmente si en 2012 se cataliza en algún conflicto la tensión entre Israel e Irán.

Pero, sin duda, la peor combinación posible sería ver a Obama reelegirse, mientras que la cámara baja permanece con mayoría republicana, y que éstos ganaran también la mayoría en el senado. En ese caso, imperaría la parálisis; sería imposible llegar a cualquier acuerdo de fondo para enfrentar en forma seria a las razones estructurales de esta crisis, y ahí sí sería probable que viéramos una fuerte reacción negativa de los mercados financieros. Recordemos que la baja a la calificación de la deuda estadounidense por parte de S&P se dio estrictamente por temor a la inmovilidad impuesta por los políticos.

De acuerdo a quién escuchemos, o el gobierno de Obama ha sido víctima del cruel bloqueo legislativo que los republicanos han impuesto, o el gobierno de Obama ha mostrado absoluta incapacidad de armar estrategias para negociar con el poder legislativo.

Creo que hay un poco de ambas, pero tiendo a pensar que hay más de la última pues Obama tampoco logró grandes victorias legislativas en los dos primeros años de su gobierno en que los demócratas eran mayoría en ambas cámaras. Si esto es así, es imposible imaginar cómo se lograrían cambios de fondo si los republicanos dominaran ambas cámaras y los demócratas el ejecutivo, Estados Unidos sería ingobernable.

Si los «cisnes negros» no asoman su largo cuello, la economía estadounidense crecerá uno por ciento en 2011. A diferencia de lo que ocurrió en los últimos años cuando el gobierno inyectó recursos a la vapuleada economía, este será el primer año en el que éste tendrá que sacar más de lo que meta. El lastre fiscal ascenderá a alrededor de 350 mil millones de dólares. Pero esto ocurrirá, además, en medio de la mayor contracción que hemos visto en el crédito internacional en muchos años, por la precaria situación de los bancos europeos. Europa probablemente decrecerá alrededor de 1%, decreciendo aún más en 2013. El crecimiento chino estará, en el mejor de los casos, por debajo del 8% que el propio gobierno chino define como el mínimo necesario para mantener estabilidad social, y quizá enfrentarán una implosión seria en 2013, cuando paguen por sus excesos en los mercados inmobiliarios y en el desarrollo de capacidad industrial. Pronto, los países latinoamericanos que se han vuelto dependientes de exportar materias primas, resentirán cuando la demanda china se detenga en seco.

Ningún presidente de Estados Unidos se ha logrado reelegir desde la Segunda Guerra Mundial con niveles de desempleo como el que habrá en noviembre, ni con niveles de aprobación tan bajos como el que ya tiene Obama. Considerando todo lo que estará en juego en 2013, más nos vale a todos que, con uno u otro presidente, la enorme maquinaria estadounidense se vuelva a echar a andar y que se logre hacer la política a un lado. Con las turbinas europea y china detenidas y con la japonesa hace rato parada, esa será la única fuente de actividad posible.

Copyright © 2011 · Jorge Suárez. Todos los derechos reservados.

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