Luis Martín

Ideas de derechas para un partido de izquierdas

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«Se aproxima el tiempo de que empecemos a plantear políticas redistributivas para acabar con ese axioma de que los beneficios son para unos pocos y los sacrificios para la mayoría.»

—Alfredo Pérez Rubalcaba

 

Imagen de casa hecha de billetes

Empieza por la casa…

Hace unos días, el candidato socialista a la presidencia del Gobierno español, Alfredo Pérez Rubalcaba, puso sobre la mesa la propuesta de crear una nueva tasa a la banca para impulsar la generación de empleo. La mera idea de hacer partícipe al (merecidamente) denostado sector financiero del esfuerzo conducente a la recuperación económica obligándolo a destinar «parte de sus beneficios a crear empleo» ha sido muy bien recibida por la izquierda indignada del país. Idea loable y popular sí, pero que no funcionará, pues la banca tardará poco en trasladar la nueva tasa al consumidor bancario; y encima se colgará la medalla de actor responsable de la economía.

Nos permitimos sumarnos al debate de medidas necesarias para el país, y sugerir al candidato del PSOE una fórmula más simple y concreta que no sólo cumpliría con el doble objetivo que su promesa electoral anhela (dirigir recursos a la creación de empleo e incluir a la banca en la solución) y que evitaría la imposición de nuevas tasas especiales a agentes selectos de la economía (parte del problema que nos trae a cuenta ha sido precisamente la selección por parte del estado de ganadores y perdedores en una economía supuestamente de libre mercado), sino que además serviría para mejorar las cuentas de los ayuntamientos, facilitar el acceso a la vivienda y traer al orden fiscal un sector que sigue siendo más bien opaco.

A diferencia de otros países como EE.UU., el impuesto predial (IBI) en España grava los bienes inmuebles de acuerdo a una fórmula que toma como base el valor catastral de los mismos y no al de mercado. Lo anterior, además, se aplica sin importar el número de viviendas que el contribuyente posea y con tipos de gravamen y recargos que difieren a lo largo del territorio nacional.

¿Qué pasaría si, con la salvedad de la primera vivienda de toda persona residente en España, la fórmula de cálculo del IBI tuviera como base liquidable el valor de mercado de los inmuebles?

Es decir, que la base de datos del registro que indexa los valores de los inmuebles se actualizara de acuerdo a un porcentaje de los valores reales de las compraventas ejecutadas durante el año fiscal, permitiendo que los ayuntamientos aumentaran o disminuyeran el impuesto predial con apego fiel a la actividad inmobiliaria local durante ese período. Si la vivienda se revaloriza, el impuesto sube y, si pierde valor, baja.

Así, eximiendo del pago del IBI a la primera vivienda y fijando, por ejemplo, el 2% del valor de venta como IBI para las segundas y terceras (y cuartas y quintas…), podríamos:

  • Reducir la presión fiscal a la primera vivienda, y de esta forma seguir defendiendo el derecho constitucional a ella de todos los ciudadanos.
  • Equilibrar un impuesto hasta ahora injusto, pues se calcula de forma distinta en cada localidad de una misma provincia.
  • Incentivar a propietarios de viviendas vacías para alquilar sus propiedades (o venderlas). Asimismo, y muy posiblemente, los dueños de estas viviendas harían uso expedito de las corporaciones públicas de alquiler garantizado para colocarlas en lugar de especular con ellas fuera de la normalidad tributaria.
  • Dotar de mayores ingresos a los ayuntamientos.
  • Evitar la creación de tasas nuevas (como la que Pérez Rubalcaba propone para la banca) o impuestos prediales adicionales encubiertos por parte de los ayuntamientos (por ejemplo, la «tasa de basuras»). La modificación en la ley, que además la simplificaría bastante, obligaría a los bancos a abonar el 2% sobre el valor de mercado sobre la totalidad de su inventario de inmuebles. Esa aportación, sin duda, alentaría las actividades de inversión de todas las ciudades españolas, lo cual a su vez generaría empleo.
  • Acabar con el fraude fiscal de la subvaloración en las compraventas que no llevan hipoteca. Es decir, el piso «2-A» tendrá un precio (y un impuesto) similar al «2-B».
  • Acabar con ciudades fantasma en las costas, con alumbrado, vigilancia, limpieza y mantenimiento de calles y jardines en urbanizaciones cuyos dueños solo las utilizan en contados meses al año.
  • Castigar con el impuesto del 2% la inmovilización del capital; que aunque no se usa, no deja de consumir recursos del estado (infraestructuras y servicios públicos) para obtener plusvalías.

Con esta propuesta los bancos dejarían de especular con su stock de vivienda, dejando de ser empresas inmobiliarias, y volverían a ser bancos. ¿De qué sirven las instituciones financieras que tienen su capital inmovilizado en viviendas que no quieren vender a precios reales de mercado, y sujetarse a la Ley de la Oferta y la Demanda? ¿O no es ésa una de las columnas que sustentan el capitalismo?

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