Luis Martín

Función pública y productividad (no es oxímoron)

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La imagen del burócrata gris y antipático tras la ventanilla, disfrutando en complicarnos la vida, ha calado en nuestra sociedad como si de un fiel retrato del servidor público se tratase. Lo anterior es falso e injusto, pero pareciera que los políticos estan trabajando con ahínco para que este tópico se convierta en realidad.

Control de gasto y aumento de productividad

Tras la debacle financiera que se desató en 2008 y su perniciosa evolución a la fecha, gobierno y oposición han venido proclamando y prometiendo trabajar sobre tres cuestiones que, a priori, significan los cimientos para que España supere su agonía económica, a saber:

  1. Recorte y control de gasto.
  2. Mejora de la productividad.
  3. Definición de un nuevo modelo económico sostenible.

A pesar de que lo anterior resulta ser ciertamente urgente (además de tarea obligada y constante de cualquier gobierno serio haya crisis o no), la realidad es que no se ha avanzado nada, absolutamente nada, para conseguirlo. Lo anterior debido fundamentalmente a que nuestra clase política carece de la preparación académica, la visión, y el valor, necesarios para acometer las medidas correspondientes, por lo que recurre a las recetas fallidas de siempre que al final nos desvían de la meta.

La función pública juega, en efecto, un papel importante en la optimización de la gestión del estado y el control presupuestario. Máxime en un país como España donde el bienestar social y la redistribución solidaria (teorías y falacias al respecto que merecen tratamiento aparte), representan un modelo de convivencia irrenunciable para la sociedad civil. Sin embargo, en lugar de adoptar medidas que realmente conduzcan a la sostenibilidad de eso que la sociedad civil demanda, la burda utilización de la tijera allá donde hace daño y no resuelve nada deja en evidencia no sólo la cobardía y falta de visión antes denunciada, sino que demora aún más la realización de aquello que se pretende.

Si hoy nos preguntamos por las deficiencias en el sistema productivo español nos encontramos con que uno de los problemas subyacente bajo el actual modelo de estado (cuestión que también merece tratamiento aparte) es la falta de inversión y voluntad política para apostar por aquellos sectores que a largo plazo (allá donde los votos quedan demasiado lejos) nos servirían para crecer y diversificarnos. Un claro ejemplo es I+D+i (ver nuestra entrevista con el ex subsecretario de estado de Investigación Carlos Martínez Alonso). Sin embargo, cuando preguntamos por las deficiencias en nuestro bienestar social, la respuesta es menos honesta, pues en lugar de falta de inversión y visión de futuro se habla de exceso de gasto en sectores considerados insostenibles por naturaleza.

No es así.

La productividad y la competitividad no sólo se alcanzan mediante la “flexibilización laboral” en el sector privado y el “adelgazamiento” de las instituciones públicas, sino que también mediante la inversión en la modernización del estado y la reordenación del mismo (y sí, hay que “tocar” nuestro paranoico sistema de comunidades autónomas) para estimular la creación de empresas. Cuestiones fundamentales para el crecimiento y la creación de empleo.

En lo que se refiere al tema que nos ocupa, la función pública y la modernización del estado, basta concentrarnos en uno de los órganos públicos más críticos, no privatizable, y que actualmente vive sus horas más bajas: el sistema judicial.

El acceso a la carrera judicial en España es bastante duro. En cada convocatoria, decenas de miles de personas se presentan a una angustiosa liturgia de pruebas y exámenes que suele prolongarse durante un par de años. Al final, unos cuantos cientos consiguen la añorada plaza. El perfil suele ser el de licenciados en Derecho con memoria privilegiada y una disciplina férrea, aunque los jóvenes que hoy en día se presentan (a causa del desempleo en el sector privado) incorporan preparación adicional en forma de más de una carrera, posgrados, idiomas…

Algunos de los que no consiguen aprobar todas las pruebas, y desisten de volver a intentarlo, logran colocarse en despachos privados que valoran esa formación adicional que los opositores fallidos han adquirido por coste y cuenta propia. Se trata, después de todo, de profesionales bien formados con conocimientos enciclopédicos sobre la ley y con gran capacidad de concentración y trabajo.

Una vez que los “aptos” toman posesión de su plaza, recibirán la añorada recompensa para el flamante nuevo servidor público: empleo para siempre y un horario que les permite dedicar las tardes a su vida personal y familiar.

La estantería de Ikea y el cuaderno

Caso real:

Miguel es un chico que aprobó no uno sino tres procesos de oposición: auxilio, tramitación y gestión procesal. Tras el periplo de cuatro años que le supuso semejante proeza, y la espera de más de un año viviendo en casa de sus padres para terminar el papeleo necesario para incorporarse, finalmente tomó posesión como gestor en un juzgado madrileño de lo civil.

A su llegada se encontró con un panorama insólito: expedientes por el suelo, documentos sin clasificar sobre un desvencijado escritorio, y un teclado que daba asco tocar. Todo, le dijeron, era urgente, así que tenía que ponerse a dar trámite a lo pendiente (procedimientos con más de seis años de antigüedad) y lo que iba entrando. “Los dineros, lo primero”, le indicó el secretario del juzgado en referencia a las ejecuciones que comportaban cuestiones dinerarias, embargos de cuentas, etc. Miguel entró en pánico. El sábado de esa misma semana compró en Ikea, de su bolsillo, una estantería que el lunes por la tarde montaría en un rincón de su juzgado para ordenar aquella avalancha de papel. El martes, me dijo, “me vino una señora con un bebé en brazos para preguntar por su caso (perdía su casa por impago). Terminó llorando y contándome su vida. Y claro, yo no puedo hacer nada, sólo informarle del estado de su procedimiento (subasta inminente)”, me explicó contrariado, “pero tengo que atenderla. Y con el tema de la crisis, casos así tenemos muchísimos”.

“Mala suerte has tenido, chaval”, le espetó una compañera cuando llegó. “Nada más entrar y te bajan y te congelan el sueldo”. Que se prepare, porque todo indica que se lo volverán a bajar.

Le pregunté a Miguel qué le incentivaba a comprar la estantería. Me dijo que las solicitudes de mobiliario y material de oficina en general (carpetas, bolígrafos, clips, etc.) estaban siendo muy limitadas. “Es de coña, pero la gente se pelea por las grapas”. Y como a Miguel, aún novato en esto de paisaje burocrático, le causaba terror perder algún expediente, pues compró la estantería. Y un ejemplar de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque en su juzgado hay uno sólo para consulta y siempre lo tiene alguno de sus 17 compañeros…

Pero supongo que hay un control informático de todo, ¿no? Miguel me dijo que no, que se aprendió de memoria el funcionamiento de la nueva oficina judicial para sus oposiciones, pero que con el crack inmobiliario, todo estaba parado (la Comunidad de Madrid esperaba poder financiar la “Ciudad de la Justicia” con la venta de los inmuebles que actualmente ocupan los juzgados. De ahí que todo esté hecho una pena, pues no invirtieron en el mantenimiento de los juzgados porque pensaban que los iban a vender). Ahora, me siguió explicando Miguel, la “Ciudad de la Justicia” se reduce a una piedra inaugural en el medio de la nada y esto es un desastre.

“Sí que hay algunas comunidades autónomas que están mejor (País Vasco, por ejemplo), y hay algunas que tienen mejores sistemas informáticos en plan “piloto” que se supone que agilizan y controlan todo mejor pero, en mi caso, la agenda de control es un cuaderno que me compré para no perderme. Hago esquemas, tomo nota de plazos, recordatorios…”

Miguel estima que, trabajando muy duro y echando algunas tardes (que no le pagarán), en un año puede que ponga todo al día. Todo depende del volumen de lo que entre, claro.

Le conté la historia a otro funcionario que conozco. El funcionario en cuestión trabaja en una comisaría de policía. No le extrañó. “Si yo te contara”, me dijo en alusión a las condiciones, volumen de trabajo y recursos con los que tiene que vérselas. “Se cansará”, me dijo sobre Miguel. “Cuando trabajas como un burro, te putean y, encima, eres la escoria de la sociedad que te considera como un parásito que les roba sus impuestos. Te cansas. No hay incentivo para hacerlo mejor, ese es el peligro”, me dijo.

El incentivo para hacer las cosas mejor en cualquier sector es o bien la recompensa o bien el castigo. La administración pública es un enredo de papeles y jerarquías estúpidas de otro siglo que impiden cualquier mejora, agilidad y deseo de superación en el personal. No se aplaude el esfuerzo de servidores públicos como Miguel, que son muchos, me consta, ni tampoco se castiga que, el día que Miguel se canse como augura el otro funcionario, se limite a estar. A trabajar con menos ímpetu y cada vez mayor rencor, y dejar que la estantería de Ikea se desborde y que los expedientes terminen de nuevo en el suelo.

¿Existen funcionarios ineptos? Sí. ¿Holgazanes? También. ¿Los hay que fingen para que el médico les conceda una baja? Seguro. Pero en el sector privado también hay elementos así. ¡Vaya que los hay! ¿Hablamos de nuestros representantes políticos?

Así pues, lo que Miguel tiene claro es que su carrera académica, los años de esfuerzo y su deseo de formar parte del sistema judicial de su país le prometen: empleo para siempre (de momento) y un sueldo fijo (de momento). Lo seguro: ninguna perspectiva de superación profesional o económica. Ninguna. Nunca.

De momento, a mi lector le deseo que si tiene alguna causa civil pendiente en la capital de España ésta sea tramitada por Miguel. Puede que él tarde en resolverla, pues antes de usted hay cientos de casos, pero al menos la estantería de Ikea y el cuaderno permitirán que no se extravíe.

Atentar contra las nóminas (pírricas en mi opinión) de funcionarios de carrera y con las responsabilidades que asumen muchos como Miguel no es la solución. Todo lo contrario. Hay que invertir. Hay que modernizar la justicia. Puede que el retorno de la inversión no resulte palpable a corto plazo, ni que la apuesta sea recompensada de inmediato en las urnas. Pero si no se hace, seguiremos en la senda de convertirnos en una república bananera, donde florezca la corrupción en la función pública y donde esa injusta y falsa imagen del burócrata gris de actitud indolente se haga realidad.

La competitividad y el desarrollo económico reclaman contar con un sistema judicial expedito, eficiente y no politizado. Si nuestro estado de Derecho no es operativo, ¿qué ecosistema empresarial puede brotar en nuestro país? Ninguno.

El control de gasto, la productividad y la sostenibilidad no consisten en recortar donde resulta más fácil y populista, ni devaluar y desprestigiar a nuestros servicios públicos, cada vez más penosos. Más bien se trata de implementar la más óptima gestión de nuestros recursos actuales y realizar inversiones para modernizarlos. Es imperativo que presten el servicio que corresponde a eso que decimos que queremos ser, una potencia mundial.

Y sí, hay que recortar, pero no la función pública.

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